Ramón Alonso. LQSomos. Noviembre

Antecedentes
Desde tiempos inmemoriales, los sectores más reaccionarios han mantenido que España era una sola nación. La Constitución de la segunda república la autodefinía como una federación de nacionalidades. Esta postura, granjeó al gobierno del Frente Popular multitud de enemigos. La unidad de destino en lo universal falangista, pasó a ser la consigna franquista: España, Una, grande y libre. Tras la victoria, los fascistas persiguieron implacable y sistemáticamente cualquier actividad o persona contraria a la “sagrada” unidad de su patria. Fusilaron a cientos de personas, por ejemplo a Companys, presidente electo de la Generalitat, encarcelaron a varios miles más y en su inquina persecutoria prohibieron el uso de lenguas vernáculas. El rechazo a esta opresión fomentó el desarrollo de organizaciones nacionalistas clandestinas, que en algunos casos, derivaron hacia la lucha armada, que alcanzó más fuerza en Euskadi.
En los años finales del Régimen, las tensiones que la represión de los nacionalismos creaba y la respuesta popular a la misma llegaron a constituir un gran foco de inestabilidad, que al morir el dictador había causado graves trastornos al sistema: Proceso de Burgos, muerte de Carrero Blanco, fusilamientos del 75 y multitud de muertes en su mayoría de inocentes ciudadanos, pero también de policías o de activistas de todas las organizaciones. Tras la destitución del gobierno Arias, los siguientes gobiernos trataron de aminorar la conflictividad, que en el caso de Euskadi era masiva y violenta, pero que de forma más pacífica y generalizada, existía en Catalunya.

La estabilidad política es una necesidad para los proyectos de expansión de las clases dominantes. Por eso les era muy conveniente eliminar fuentes de crispación en nuestro país. En la Transición se diseñó un sistema que sin alterar el status de poder, permitía formas de autogobierno útiles para resolver algunos problemas locales: Las autonomías. Esta solución nunca fue del agrado de los sectores más retrógrados y tampoco de los nacionalistas más radicales, pero funcionó con el apoyo de las clases dominantes de las distintas regiones, que vieron la situación como una oportunidad para incrementar su influencia. Tras la Constitución, esta problemática disminuyó en todo el Estado, salvo en Euskadi, donde seguía la lucha armada. Durante más de 20 años, hubo gobiernos nacionalistas en Catalunya, pero tras una legislatura de colaboración con el primer gobierno de Aznar, la situación cambió cuando el PP logró mayoría absoluta: de aliados pasaron a enemigos.

La situación actual
El gobierno de Zapatero, consciente de que era conveniente dotar de mayor capacidad de autogobierno a la Generalitat, puso en marcha la modificación del Estatut. La respuesta de la caverna, capitaneada por los líderes del PP fue feroz. La campaña que lanzaron alcanzó límites hasta entonces desconocidos: movilizaciones, recogidas masivas de firmas, denigración de todo lo que fuese o pareciese catalán y boicot de sus productos. Simultáneamente realizaban todo tipo de maniobras legales y políticas para bloquear la hipotética reforma. Manipularon los relevos de miembros del Tribunal Constitucional, hasta obtener una mayoría favorable en el mismo. En consecuencia, a pesar de que había sido aprobado por el Congreso, el Senado, las cámaras catalanas y el correspondiente referéndum, la sentencia fue contraria al nuevo Estatut. Sorprende que un partido político tan profundamente defensor de la unidad nacional como es el PP, haya puesto en práctica una fórmula tan particular de fomentarla como el insultar a parte de los que debería unir, o el exacerbar las diferencias hasta crear profundas desconfianzas entre Catalunya y el resto de España (campañas no solo contra el Estatut, sino también contra lo catalán y los catalanes). Quien siembra vientos recoge tempestades…

El independentismo catalán, siempre presente en su tierra, creció con gran fuerza por la frustración provocada por la derogación del Estatut. En los 7 últimos años, el pueblo catalán no ha recibido más que desprecios o perjuicios desde la administración estatal. Tras unas elecciones, la Generalitat volvió a ser dirigida por los nacionalistas, que hasta ese momento no habían mostrado rasgos independentistas. La crisis económica que azotaba el país, también se reflejaba allí. El govern de Artur Mas aplicó los recortes con igual o más intensidad que el de la nación, sacó un “recetazo”, aplicó la reforma laboral y reprimió con dureza en las calles. Conviene recordar que la prohibición de usar balas de goma, se debe a la pérdida de un ojo que sufrió una desafortunada transeúnte durante una “civilizada” carga de los mossos. Para eludir sus responsabilidades en tan adversas circunstancias, aplicaron una formula casi infalible para políticos sin escrúpulos, echar la culpa de todos los males a agentes externos: España les robaba.

La pésima gestión de la crisis económica por parte del gobierno del PSOE, con recortes, reformas laborales y modificación de la Constitución les supuso la pérdida de las elecciones de 2011. Mariano Rajoy había ganado las elecciones por mayoría absoluta. Su partido, donde la corrupción constituye una de sus señas de identidad, es un conglomerado de grupos o personas a cada cual más retrógrado. Sus posiciones varían desde el clericalismo (véase el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo) al autoritarismo (Ley Mordaza), la xenofobia (véase escándalos con los refugiados), o su obsesión por los recortes a pensionistas, sanidad y educación, contra los trabajadores (reforma laboral) o contra los derechos de las autonomías. En resumen, todas las medidas aplicadas por ellos obligan a pensar que es un partido de extrema derecha y no uno conservador-liberal, como nos quieren vender. Es lógico, muchos de sus miembros proceden de los grupos más beneficiados por el franquismo. Alcanzado el poder, las movilizaciones anti-catalanas disminuyen, pero no la abierta hostilidad ante cualquier propuesta procedente de sus presuntos “enemigos”. Cualquier iniciativa que pudiese ser considerada como diferenciadora, era objeto de denuncia ante tribunales. El gobierno Rajoy nunca planteó vías negociadoras ante un conflicto que su actitud intransigente enconaba virulentamente cada día. Utilizaron todo el aparato del Estado contra los independentistas, pero perjudicaron a todos los catalanes, con lo cual la influencia de los primeros se incrementó.

El 1-O fue el fruto más nítido de esta irracional estrategia. Ese día se evidenció que intentar paralizar una movilización de esas características únicamente con jueces y policías solo lleva a enfrentamientos y al más espantoso ridículo. ¿Cómo se puede pensar que esa es la vía más eficaz para parar una movilización basada en cientos de miles de personas, fomentada desde las instituciones e inclusive apoyada por parte de la Iglesia? Los resultados políticos fueron claros: La fuerza de los soberanistas se multiplicó y el descredito del gobierno alcanzo cotas astronómicas. Solo las graves incoherencias del independentismo les han permitido capear el temporal.

Los líderes independentistas también han aportado su granito de arena a la ceremonia de la confusión, puesto que, primero, mintieron al manifestar que la Unión Europea aceptaría directamente a un nuevo Estado independiente. Saben y sabían que la naturaleza de la U.E no contempla estas situaciones y también al afirmar que las grandes empresas iban a continuar en una nueva república de bases jurídicas por definir (ver caso Quebec). El capital siempre huye cuando no hay seguridad jurídica: “No hay nada más cobarde que un millón de dólares”. Y segundo, todo el proceso emprendido por ellos desde el 1-O ha sido errático: No respetaron ni sus propias normas ni sus plazos. La declaración unilateral de independencia se llevó a cabo entre contradicciones, cambios e improvisaciones, pero sin haber resuelto asuntos tales como quién paga el paro o las pensiones o quién y cómo se hace cargo de la gestión de puertos y aeropuertos, o si nos quedamos fuera o dentro del Euro. ¿Pretendían independizarse primero y arreglarlo todo después? ¿Qué modelo de república proponían? Rechazan la aplicación del artículo 155, pero aceptan sin más su medida más relevante: Todos los grupos independentista van a participar en las elecciones del 21-D. Sale al “exilio” parte del govern, pero el resto acaba en la cárcel, mientras otros líderes declaran que la DUI fue simbólica. Estas incoherencias pueden llevar a la justa indignación de 2 millones de personas a un callejón sin salida.

En su descargo hay que decir que aunque su responsabilidad en el conflicto es relevante, es muy pequeña en comparación con la del gabinete de la nación. Éste debería resolver los problemas del país, no agravarlos. Las demostraciones posteriores de “independencia” judicial, con acusaciones sin coherencia jurídica y con autos que parecen un dictado de la fiscalía a la instructora, han transformado a algunos líderes independentistas en presos encarcelados bajo imputaciones insostenibles, por un tribunal especial, es decir en presos políticos. Sin embargo, esto no debe confundirse ni con la de los presos políticos del franquismo, ni con la represión sufrida bajo la dictadura. Por mucho menos de lo acontecido, aquellos criminales habrían declarado el Estado de excepción, detenido indefinidamente a cientos de personas y practicado las más brutales cargas policiales, que habrían causado cientos de lesionados y con un elevado grado de certeza, graves heridas o muertes.

En síntesis, la administración central quiere una victoria, no una solución equitativa. ¿Pero es tan incompetente el gobierno? No. Su comportamiento responde a sus intereses partidistas: Saben que su influencia y apoyo electoral es muy bajo en Catalunya. Conocen que el rechazo a la independencia es fuerte en el resto del país. Son conscientes de que esto les sirve para recuperar a muchos votantes que se les habían distanciado. Han preferido exacerbar las discrepancias para obtener réditos políticos. Además, esta situación actúa como cortina de humo frente a graves asuntos que les son muy perjudicales, como los casos Gürtel, Púnica, Lezo, más recortes, saqueo de las arcas de la seguridad social,… todos ellos temas cuya amplia difusión les generaría graves daños de imagen. Además la localización del conflicto les permite ensayar nuevas formas represivas, que podrán ser en el futuro aplicadas en otras regiones o a movilizaciones tales como huelgas, manifestaciones y concentraciones. No actúan en base a los intereses de toda la nación, sino en base a sus propios intereses.

Propuestas de futuro
Para superar esta situación, es necesario que el gobierno actual sea legalmente destituido, que se le sustituya por uno constituyente, donde se decidan nuevas formas de gobierno, se deroguen la Ley Mordaza, la reforma laboral y las relaciones con las distintas nacionalidades sean de mutuo acuerdo, decididas mediante procesos democráticos y libres… Vayamos hacia una república federativa.

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