Juan Gabalaui*. LQSomos. Noviembre 2017

Claro que Franco ha muerto. Está enterrado en el único monumento europeo de homenaje a un dictador fascista: el Valle de los Caídos. Esto no es una anomalía. Es la lógica de una Transición que no se fundamentaba en la ruptura sino en la permanencia. Esta permanencia implicaba el mantenimiento de las estructuras de poder. Las familias que medraron a la sombra de la dictadura mantuvieron sus privilegios con la seguridad de que su colaboración con el fascismo no les pasaría factura. El blindaje de estos privilegios, el control de los resortes de poder y la continuidad de principios básicos, como la unidad de la nación, garantizaban el cambio de la dictadura a la oligarquía propia de las llamadas democracias liberales. Si se hubieran puesto en cuestión algunos de estos elementos la Transición hubiera sido más violenta de lo que fue.

Los medios y los partidos del Régimen posdictadura han acudido a la idea de guerracivilismo cada vez que se ha pedido justicia ante los crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura española, y la reparación a las familias de asesinados. Aplicar la justicia a estos crímenes implicaría cuestionar la seguridad judicial que se proporcionó durante la Transición y el Estado no puede traicionar a aquellos que les sirvieron durante la dictadura. Se pretendió hacer una tabla rasa en la que se equiparaba a los que sufrieron con los que hicieron sufrir, permitiendo que los asesinatos y las torturas al amparo del Estado permanecieran impunes. Una sociedad que no mira a su pasado, juzga y repara el sufrimiento está condenada a que la historia le persiga. Hacer justicia, lo que suelen llamar hurgar en la herida, despierta el guerracivilismo de los dos bandos enfrentados. Una burda manera de seguir utilizando el miedo como elemento disuasorio.

Los mismos que impiden hacer justicia se declaran firmes defensores de la democracia. Esta es la paradoja. Forman parte del Partido Popular, Ciudadanos y PSOE. Dicen defender los derechos humanos mientras evitan que se juzgue a aquellos que los violaron en su propio país. Son los que mandan 10.000 policías y guardias civiles a Catalunya para evitar que se traicione uno de los principios básicos de la dictadura franquista. Son los que impiden el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y dejan de repartir subvenciones para buscar y exhumar víctimas de las fosas comunes. Son los que se burlan de los que quieren desenterrar a los muertos y protegen a los que decidieron y ejecutaron sus muertes. Son los que se acuerdan de Amnistía Internacional (AI) para defender que en el Estado Español no hay presos políticos mientras ocultan las torturas en comisarías y cuarteles que esta misma organización ha denunciado desde la década de los ochenta del siglo pasado.

Sigue habiendo presos y represaliados políticos. El Estado ha utilizado y utiliza la represión vía administrativa y penal. Los presos derivados del proceso catalán son los últimos de muchos. Dice Amnistía Internacional España que no entiende que estos se puedan considerar presos de conciencia porque han sido encarcelados acusados de un delito de sedición. Esta afirmación resulta sorprendente ya que la mayor parte de los presos de conciencia están acusados de algún delito. El abogado chino, Jiang Tianyon, que es considerado preso de conciencia por AI, fue incomunicado el 21 de noviembre de 2016 y juzgado el 22 de agosto de 2017 por incitar a la subversión del poder del Estado. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa considera preso político a la persona que ha sido detenida por razones puramente políticas sin conexión con ningún delito tipificado, lo cual implicaría que ni Leopoldo López o Antonio Ledezma, mártires venezolanos de la derecha, podrían ajustarse a este criterio.

Luis García Montero, reconocido izquierdista cercano a Izquierda Unida, ha declarado que “me duele mucho que, ahora, una gente que se ha saltado a la torera las reglas, y que ha violado una vez más la Constitución española, quieran compararse con las víctimas del franquismo”. No sé qué cree que se saltaron los presos políticos del franquismo. Se saltaron el orden establecido, y violaron las reglas y leyes franquistas que consideraban injustas e ilegítimas. Claro que el contexto es diferente pero la esencia del acto permanece. En este Estado se ha condenado a personas por hacer chistes sobre Carrero Blanco, por participar pacíficamente en manifestaciones, por pertenecer a organizaciones anarquistas o por editar periódicos en euskera. Hablar de presos políticos en el Estado Español no es frivolizar con palabras llenas de dolor. No es menos doloroso estar en la cárcel y ser torturado en la posdictadura que en la dictadura.

Se quejan los medios del Régimen, como El País, de los ataques desde otros países al prestigio de la democracia española sin mencionar que el presidente del gobierno aparece como receptor, durante al menos 10 años, de dinero negro y que el partido en el poder está involucrado en más de 60 casos de corrupción y en financiación ilegal. Evitan explicar cómo se aplica la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana sobre la que la ya mencionada Amnistía internacional dijo que era una amenaza directa a los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión. Tampoco que la opción elegida por el gobierno español de Mariano Rajoy para afrontar la cuestión catalana ha sido la represión civil y penal. Lejos de cuestionar, se blinda el estado de las cosas. Esta es la respuesta ante cualquier intento de cambio. Este Estado no es franquista. Es cierto. Es una versión más compleja y elaborada que, partiendo del franquismo, mantiene a gran parte de la sociedad domesticada.

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