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Nueva Esperanza, El Salvador, sentado a la sombra de un árbol, a una distancia prudencial, el salvadoreño Francisco Sosa observa cómo su hijo prepara la tierra para la siembra y rocía la maleza con el herbicida que sale de una bomba cargada en la espalda.

A Sosa, de 60 años, le gustaría ayudar a Saúl, el hijo de 25 años, pero lo tiene prohibido. Al igual que otros muchos agricultores de esta comunidad del suroriente de El Salvador, él sufre insuficiencia renal, una dolencia crónica que en su fase aguda es altamente mortal.

"Los médicos me han dicho que ya no riegue veneno, puede complicar más mi enfermedad", dijo Sosa a IPS en su finca de Nueva Esperanza, una comunidad campesina de medio millar de habitantes, surgida en los años 90 y perteneciente a El Bajo Lempa, en el municipio de Jiquilisco del departamento costero-oriental de Usulután.

Los pobladores y los medios de comunicación denuncian desde hace años el alarmante incremento de casos de enfermedades vinculadas a fallos renales en el área del Bajo Lempa, dedicada por más de un siglo al cultivo de algodón y que, en consecuencia, fue agredida por el uso intensivo de agroquímicos.

El monocultivo algodonero se sustituyó en los años 70, pero herbicidas y pesticidas altamente tóxicos se siguen usando, sin ninguna protección, en la producción de maíz, frijoles y otros vegetales.

En algunas comunidades del Bajo Lempa, como en Ciudad Romero, la prevalencia de las enfermedades renales crónicas alcanzó a 20,7 por ciento, y uno de cada cuatro hombres padece ese tipo de dolencia.

Esas cifras son alarmantemente superiores a las encontradas en otros países, destaca el estudio Nefrolempa, una investigación iniciada en 2009 por el Ministerio de Salud, cuando llegó al poder el izquierdista moderado Mauricio Funes, apoyado por el exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

La prevalencia de insuficiencias renales crónicas hallada por estudios epidemiológicos similares en diferentes países fue de entre 1,4 y 6,3 por ciento, cita la investigación.

El informe, cuyos resultados finales se conocieron en octubre, no confirma que los agroquímicos son los responsables por sí mismos de la epidemia, pero sí aporta elementos que refuerzan la creencia de los campesinos y ambientalistas de que los pesticidas y herbicidas tienen que ver.

Entre los factores de riesgo encontrados, el documento señala que 82,5 por ciento de los hombres de la zona está en contacto con agrotóxicos.

"La enfermedad tiene que ver con todos los contaminantes químicos que tiene sobre todo en la zona agrocostera", señaló a IPS María Isabel Rodríguez, ministra de Salud.

"Tenemos cifras escandalosas que no se dan en ninguna otra parte del mundo", destacó tras explicar que en los enfermos "hay un factor ocupacional, el agricultor entre los 18 y los 60 años".

"Cuando comienza a aparecer toda esta gente con problemas de insuficiencia renal, indudablemente que hay un vínculo directo entre la enfermedad y el uso extensivo de insecticidas químicos", explicó el ambientalista Mauricio Sermeño, de la no gubernamental Unidad Ecológica Salvadoreña.

Sermeño se refirió así a la fuerte exposición a pesticidas y herbicidas que sufrieron estas tierras durante la bonanza del cultivo del algodón, en las que se utilizaron químicos como el DDT (dicloro difenil tricloroetano), un compuesto usado intensivamente como insecticida en el siglo XX, hasta que fue prohibido por sus efectos nocivos a la salud.

Pero en El Salvador se siguen comercializando otros agroquímicos muy tóxicos, como el gramoxone o el hedonal, indicó el experto.

La mayoría de los pesticidas químicos han sido comercializados por compañías internacionales como la firma transnacional alemana Bayer, en la que Sermeño descarga buena parte de la responsabilidad de la agrotoxicidad en el Bajo Lempa.

Las oficinas de Bayer en El Salvador no respondieron al reiterado pedido de IPS de un comentario ante este señalamiento. En las comunidades del Bajo Lempa, prácticamente no hay nadie que no tenga algún pariente o amigo que haya muerto de insuficiencia renal, aseguran activistas y campesinos.

"Aquí cerquita estaba Chunguito, así le decíamos, también murió el finado Isidro, Lidia Sorto, Toñón también murió de eso, Neftalí, Abrahán también… son un montón los que han muerto de eso", recordó Donato Santos, quien años atrás tuvo que ser hospitalizado tras intoxicarse con el pesticida que usaba en sus milpas (cultivos de maíz).

Rosa María Colindres, enfermera en la primera clínica pública de atención renal que el gobierno instaló en la zona, dijo a IPS que 95 por ciento de las tumbas del cementerio de Nueva Esperanza son habitantes que murieron de insuficiencia renal.

La clínica ofrece tratamiento para las diversos estadios de la enfermedad, que van de la uno a la cinco. En la última, la que tiene mayor riesgo de muerte, los pacientes deben ir a un hospital cercano para recibir entrenamiento sobre cómo hacerse la diálisis en sus hogares.

Allí aprenden a colocarse una sonda en una cavidad previamente abierta en la zona pélvica, para que a través de ella se expulsen los líquidos que el riñón no logra procesar.

"Si no me hiciera la diálisis, ya me hubiera muerto", dijo a IPS Wilfredo Ordoño, otro agricultor que recuerda cómo, años atrás, los pesticidas que regaba con una bomba se salían y "me bañaban" toda la espalda. "Yo creo que eso me jodió a mí", sentenció.

El Bajo Lempa es una zona costera donde desemboca en el océano Pacífico el río del mismo nombre, el más largo de América Central, y que es golpeada cada año por inundaciones que destruyen las cosechas y obligan a su población a refugiarse en albergues.

Tras el fin de la guerra civil, en 1992, estas tierras, otrora en manos de terratenientes que cultivaban algodón y caña de azúcar, fueron parceladas y entregadas a exguerrilleros y a sus familiares, para que se insertaran a la vida civil como agricultores.

La población de la zona es marcadamente de izquierda, y por ello algunos creen que los gobiernos anteriores, en manos de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), no se interesaron en detectar y controlar la epidemia, ni en establecer los mecanismos legales para asegurar un adecuado comercio y manejo de agroquímicos.

El Acuerdo Ejecutivo Número 18, de enero de 2004, estableció algunas normas para controlar el sector, pero en la práctica resultan letra muerta porque no se cumplen, aseguran especialistas y afectados.

Por ejemplo, su artículo 5 señala que será obligación de los propietarios de cultivos, el importador, el comercializador y el usuario de agroquímicos velar porque dichas sustancias sean aplicadas por personas previamente capacitadas y con el equipo de protección personal recomendado para cada producto.

Los agricultores del Bajo Lempa raramente son instruidos sobre cómo regar los pesticidas, y son pocos los que utilizan guantes y mascarillas para protegerse de los químicos.

De hecho, mientras conversaba con Francisco Sosa a la sombra de un árbol de su finca, su hijo Saúl rociaba el pesticida utilizando a modo de mascarilla tan solo una pañoleta del español Barcelona Fútbol Club.

* Publicado en IPS Noticias

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