Manuel Álvaro Dueñas sitúa su punto de mira en la legitimación política e ideológica de la represión y en su esqueleto económico, que culminará con la Ley de Responsabilidades Políticas. Las incautaciones de bienes a personas o entidades hizo posible el trasvase de esos bienes al Estado o a sus adeptos, expolio cuyas dimensiones reales están aún por desentrañar.

Francisco Espinosa Maestre y José María García Márquez presiden la segunda parte del texto, donde aplican el bisturí sobre la represión en Huelva, un modelo del exterminio premeditado que puede servir de ejemplo para el estudio de la represión. Por primera vez, el ciclo de violencia fascista ha sido documentado de manera completa en una provincia, teniendo en cuenta más del 80% de las víctimas que cayeron en la maraña jurídico-militar. «El informe sobre la represión franquista. Estado de la cuestión», realizado por Francisco Espinosa, compendia el conjunto de las investigaciones existentes sobre la violencia institucional del franquismo en toda España, en guerra y posguerra, sin olvidar los datos existentes a día de hoy, sobre la represión republicana durante el conflicto. En su origen fue elaborado para proporcionar al Juzgado Central de Instrucción nº 5, presidido por el juez Baltasar Garzón, «un resumen del estado actual de estudios e investigaciones de la represión franquista». Con ello aporta un nutrido bagaje de herramientas para conocer en profundidad las oscuridades del franquismo. Mirta Núñez Díaz-Balart desarrolla una de sus líneas de investigación en el ámbito de la represión franquista, destacando en ella la obra Los años del terror. La política de exterminio y represión del general Franco (2004) y como coautora, Consejo de guerra. Los fusilamientos en el Madrid de la posguerra, 1939-1945 (1997). La publicación de su tesis doctoral, en tres tomos, de La prensa de guerra en la zona republicana durante la Guerra Civil española (1992) inicia una trayectoria de análisis en la historia de la prensa, cuya última expresión es La disciplina de la conciencia. Las Brigadas Internacionales y su artillería de papel (Flor del Viento, 2006).

Manuel Álvaro Dueñas es autor de un reconocido estudio sobre la depuración de las responsabilidades políticas, publicado bajo el título «Por ministerio de la ley y voluntad del Caudillo». La Jurisdicción Especial de Responsabilidades Políticas (1939-1945) (2006), además de diversos artículos donde desmenuza las represalias franquistas sobre los adversarios, reales o supuestos, en el terreno económico, político y social. Francisco Espinosa Maestre es un prestigioso historiador y comprometido investigador sobre la dictadura del general Franco, trabajando en aquellos ámbitos ocultos al conocimiento de la población como la represión franquista durante la guerra y la posguerra. Libros como La guerra civil en Huelva (1996), La justicia de Queipo (2000), su coautoría en la obra colectiva Morir, matar, sobrevivir (2002) o La columna de la muerte (2003) han marcado hitos en su estudio y difusión.

José María García Márquez es el mejor conocedor del archivo judicial militar de la II Región. Ha realizado varios trabajos de catalogación de militares de procedimientos de dicho archivo y artículos y comunicaciones sobre la represión militar en la provincia de Sevilla. Ha publicado trabajos sobre la represión en varias localidades, caso de La Puebla de Cazalla (2007) y, sobre todo, La UGT de Sevilla. Golpe militar, resistencia y represión (1936-1950) (2008).

Manuel Álvaro y Mirta Núñez desarrollan una intensa labor de difusión y compromiso, tanto en el ámbito académico como en el vinculado con asociaciones de memoria histórica.

Presentación

La maquinaria represiva franquista y su objetivo de perpetuación se estudia, desde distintas perspectivas, en esta obra de autoría colectiva. Su núcleo incandescente de análisis se encuentra en las múltiples formas de uso de la violencia, sus objetivos inmediatos y estructurales. Los investigadores aquí presentes buscan desentrañar la utilización de la violencia física, las coacciones morales y de todo tipo, sobre la población civil, como elementos claves en la conformación, consolidación y proyección de futuro de la dictadura franquista. La utilización premeditada del terror, desde la fase conspirativa del golpe de estado, no fue algo circunstancial, destinado a apoyar la toma del poder. Existía un programa de largo alcance cuya primera fase consistía en devolver España a sus elites de siempre. En las subsiguientes etapas, se trataba de imponer unos comportamientos individuales y colectivos, en todos los órdenes de la vida social, conformes a la ideología totalitaria, ultracatólica, tradicionalista y antidemocrática, que compartían los militares sublevados. Se pretendía arrancar de raíz aquellas ideas y comportamientos que había traído la modernidad e iluminado la República, con su fulgor reformista.

Los destinatarios de esta metódica receta de cirugía y extirpación del mal, era un amplio colectivo de habitantes de España, reales o potenciales insumisos a la voluntad del «ordeno y mando» militar. Con la innegable colaboración de la Iglesia Católica se haría una operación de cambio definitivo, «para siempre», de una nación entera. El tratamiento para llegar a ello suponía cadenas con muchos eslabones, azote para corregir conductas y pensamientos inapropiados, y rezos abundantísimos. Las miles de ejecuciones «ejemplarizantes» harían una labor disuasoria sobre un entorno en el cual, no sólo se trataba de matar sino de incidir en los que sobrevivían. Las familias, los amigos, los correligionarios, los vecinos, todo el medio social que los había rodeado debía constatar las consecuencias de supuestas rebeliones o de simples discrepancias de pensamiento, palabra u obra, respecto a la voluntad militar

Mirta Núñez Díaz-Balart desnuda los propósitos que estaban detrás esa inmensa maraña de ejecuciones, reclusiones, humillaciones y miedo, cuyos tentáculos llegaba a las familias de los vencidos. La autora mira a través de los lentes del porqué y el para qué de lo ocurrido, con el objeto de explicar no sólo el dolor inmediato infligido sino los propósitos que estaban detrás, buscando una transformación total de la sociedad, a través de estrategias de largo alcance. Los distintos mecanismos desarrollados desde el poder para el sometimiento de la población, no concluía en los individuos. El programa determinaba un aprendizaje colectivo, para dejar una huella indeleble sobre el comportamiento individual y social de los españoles.

Manuel Álvaro Dueñas analiza los mecanismos por los que los sublevados pretenden legitimar la represión y el Estado franquistas, en un capítulo con un título harto significativo, «Por derecho de fundación», tomado prestado de un texto de Blas Pérez, quien fuera personalidad señera del Régimen y ministro de Gobernación de Franco. Por otro lado, radiografía la estructura jurídica que permitió el expolio de los vencidos. La Ley de Responsabilidades Políticas, de 9 de febrero de 1939, fue el envoltorio que hizo posible tal aberración jurídica. El nuevo ordenamiento permitía la retroactividad y el enjuiciamiento de actuaciones que se habían desarrollado en plena legalidad. El autor disecciona la intersección de intereses políticos y económicos en esta jurisdicción especial, una de tantas creadas por los vencedores destinada, en este caso, al empobrecimiento de los vencidos y al traspaso de sus bienes al nuevo Estado o a sus adeptos. Sobre la base de multas, congelación de cuentas bancarias e incautación de bienes, se trataba de reinstaurar el sometimiento de los trabajadores a las clases poderosas y conducirles de la mano, a la pobreza o a la marginalidad.

Las responsabilidades políticas atribuidas llegaron, en forma de expedientes, a más de ciento veinticinco mil españoles. Sólo el colapso total de sus proyectos evitó que alcanzase a más de un cuarto de millón de españoles, muchos de los cuales ya estaban encarcelados o habían sido ejecutados. Una de las vertientes de su estudio revela el uso propagandístico de sus sanciones. Éstas eran estimadas en función de la personalidad política del acusado y la posibilidad, brindada por una prensa esclava, de difundirlas, como muestra de un supuesto latrocinio en la función pública.

Tanto las aportaciones de Mirta Núñez Díaz-Balart, como las de Manuel Álvaro Dueñas, se enmarcan en un proyecto de investigación más amplio, dirigido por Julio Aróstegui, bajo el título El régimen de Franco como sistema represivo: la conformación de una ideología de exclusión y de un aparato de control social (1936-1948). Francisco Espinosa y José María García Márquez se han empleado a fondo en un exhaustivo estudio de la brutal aplicación del estado de guerra en Huelva, ejemplo de primera hora, de su aplicación durante la guerra desencadenada por los golpistas, a partir del 17 de julio de 1936. La terapia de choque de los militares insurrectos en la provincia significó el asesinato de miles de personas bajo el eufemismo legal de «aplicación de bando de guerra». Los resultados de aquello aún imperan en nuestros días cuando un alto porcentaje de víctimas continúa sin ser inscritas en los Registros Civiles.

La utilización de un amplio abanico de fuentes, a pesar del estado lamentable de más de un archivo, ha dado como fruto del esfuerzo, que el 80% de las muertes violentas de la provincia, queden recogidas de sus manos, envueltas en algún tipo de sudario legal. Las vicisitudes padecidas en su búsqueda y estudio hacen sobresalir personas, hoy ya fallecidas, como Arturo Carrasco Sánchez, un funcionario del Juzgado de Valverde del Camino, cuya acción individual, valerosa por las consecuencias que le podían conllevar, ha permitido la conservación de unos fondos que se han revelado esenciales.

La cifra de 6019 víctimas, entre las cuales sólo una minoría corresponde a ejecutados por sentencias de consejos de guerra, evidencia la violencia sin límites de la ocupación militar y las «prácticas pseudojudiciales», término muy adecuado, para ocultar los asesinatos. Los autores no sólo se refieren a aquellos que fueron eliminados. Los integrantes de batallones de trabajo en la provincia, una de las fórmulas para obtener rendimiento económico de la masa encarcelada, forman parte, también, de esa red de violencia polivalente y multiusos El traslado a cifras delata toda la estructura de la población afectada: los conceptos bajo los cuales se envolvió su asesinato, las sentencias (cuando las hubo), la distribución por partidos judiciales o las afiliaciones políticas o sindicales, reales o atribuidas.

El estado civil o el género de los liquidados muestran todo ese mundo borrado por la acción militar y los amplísimos sectores de la sociedad afectada. Las cifras del «Censo de huérfanos» son apabullantes y en ellas se especifica incluso, aquellos niños que se vieron privados de ambos padres. El informe de Francisco Espinosa, presentado ante el juez Baltasar Garzón, presta al lector un instrumento de primer orden, para constatar el desarrollo de la estrategia de violencia de los insurrectos, en toda España. Las cuentas echadas nos introducen en una bocamina profunda y negra, en la que está presente la represión desarrollada, en el inmenso mosaico de ciudades y pueblos, comarcas y regiones estudiadas, a día de hoy. No es de extrañar que lo aquí escrito responda a la pregunta del porqué enmudeció España y de por qué ha permanecido de este modo para la mayoría, hasta nuestros días.

Mirta Núñez Díaz-Balart (Coordinadora), Manuel Álvaro Dueñas, Francisco Espinosa Maestre y José María Garc