La cleptocracia madrileña

Ramón Alonso. LQSomos. Julio 2017

Introducción.- Las palabras terminadas en cracia, se usan para definir formas de gobierno. Cleptocracia sería el gobierno de los ladrones. La palabra fue creada por la prensa internacional para definir a las dictaduras y gobiernos corruptos que destinaban la ayuda humanitaria que recibían al mercado negro.

La norma fundamental en una democracia es que todo empleado público (y los políticos lo son) tiene la obligación de cumplir las leyes y hacer que se cumplan. Los servicios públicos tienen sus procedimientos regulados mediante disposiciones legales y reglamentarias que determinan su aplicación. Un cargo público no es un cacique que en su dominio pueda hacer lo que quiera: debe respetar el marco legal y los derechos ciudadanos. Otra premisa básica es que la administración funciona en base a presupuestos anuales, aprobados por los Parlamentos, que se dividen en capítulos y partidas, tanto de ingresos como de gastos. No está permitido el trasvase de cantidades entre distintos capítulos o partidas. Cualquier proyecto que implique desembolso de capital público está sometido a informes jurídicos vinculantes y es fiscalizado por la intervención, que verificará que las actividades se efectúen no solo de acuerdo con la ley sino con lo proyectado y lo autorizado. Esta comprobación rigurosa de cuentas afecta al núcleo duro de la administración. Las empresas públicas, mixtas, etc. gozan de mayor flexibilidad en su contabilidad, similar al de una empresa privada.

Dentro de los gastos hay partidas para la realización de proyectos (subvenciones) y para la contratación de servicios. Tanto subvenciones como contratos deben ser públicamente convocados, respetar el entorno jurídico, tener unas finalidades, unos plazos de ejecución y fechas concretas de presentación de resultados. La administración concesionaria se reserva el derecho de inspeccionar o controlar la correcta ejecución de los proyectos o servicios. Las inversiones se acreditarán con facturas reglamentarias y documentos bancarios que constatarán los pagos. Esta documentación pasa por un doble filtro: el del organismo gestor y el de la intervención. Las justificaciones con gastos no previstos, fuera de plazo, incorrectas o incompletas, supondrán minoraciones, generando pérdidas o las devoluciones de lo anticipado más los intereses.
Los contratos, pueden ser mayores, con convocatoria pública en boletín o menores, normalmente dedicados a cubrir pequeñas necesidades urgentes o imprevistos. Para casos excepcionales o graves incidencias existe la figura de la convalidación de gasto, que generalmente aprueba el Consejo de Gobierno. No es fácil engañar a las administraciones. Tampoco es imposible, aunque es difícil que pase inadvertido. Nuestros dirigentes en la Comunidad de Madrid dieron clases magistrales de fraude, despilfarro de dinero público, apropiación de lo público en su propio beneficio y por supuesto, de dar o intentar dar cobertura política y jurídica a sus fechorías. Esperamos que tras la lectura de estas líneas, se entienda mejor que tras la fiebre privatizadora de algunos políticos solo se escondía su ánimo de lucro personal.

La llegada de la Sra. Aguirre y su equipo fue difícil. Primero tuvieron que montar el “Tamayazo” que forzó otras elecciones. La fiscalía ocupada por el Sr. Moix, no encontró nada punible. La comisión parlamentaria, que tampoco encontró nada la presidió el Sr. Granados. Este mundo es un pañuelo. No es de extrañar, que lo que empezó con escándalos, se desarrollase con esas mismas pautas. Para mejor comprensión los asuntos más controvertidos los clasificaremos en:

CASOS DONDE NO SE CONOCEN ACTUACIONES JUDICIALES:
Los paracaidistas. Aterrizaje de más de 300 cargos de confianza. Se amplían las estructuras de las Consejerías para integrar estos puestos de trabajo. La mayoría proceden de la administración central. Los gastos se estiman en 72.000.000 de euros en 8 años. Desaparecieron paulatinamente desde 2011. No mejoraron en nada el funcionamiento.

Los actos de autopromoción. Para incrementar la visibilidad de la presidenta y sus cargos. Miles de presentaciones, inauguraciones y otros actos sociales. Su número, calculado a la baja sería de 13.000 eventos en 8 años, a los que se estima se destinaron 6.000.000 de euros y 160.000 horas de trabajo. Muchos de los actos los realizaron empresas de la Trama Gürtel.

Dependencia. Privación a los dependientes de los beneficios que legalmente poseen, sin ninguna razón que lo justifique.

Equipos informáticos. No entrega de los equipos informáticos a los niños de Madrid, que habían sido adquiridos por el Gobierno central.

Privatización Canal Isabel II. Estrepitoso fracaso por la respuesta popular. Más de 200.000 firmas recogidas en un solo día.

Nula aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Esperanza Aguirre en 2016, ya fuera del gobierno, lamenta su no derogación.

Las Vegas Sands. Originó gastos (adquisición de terrenos y otros), que al parecer han sido abonados por convalidación. Se estiman en millones de euros. El proyecto fue descartado porque las condiciones de los norteamericanos, conocidas desde siempre, no eran compatibles con el marco jurídico de la U.E.

CASOS CON INTERVENCIÓN JUDICIAL: SE SINTETIZAN EN LA SIGUIENTE TABLA:


COMO HAY PRUEBAS JUDICIALES SUFICIENTES PODEMOS CONCLUIR QUE:
El consejero y ex presidente Ignacio González, persona de máxima confianza de Esperanza Aguirre está implicado en casos donde ha obtenido réditos personales de la dilapidación fraudulenta del patrimonio público del Canal de Isabel II, ha expoliado a los madrileños con el recetazo, manipulado los concursos del campo de golf y los hospitales.

El consejero Granados, que fue segundo de a bordo de la presidenta, se ha enriquecido ilícitamente con recalificaciones urbanísticas, amañando contratos y desviando fondos para mejorar la imagen de otros consejeros.

El consejero López Viejo está siendo juzgado en el Caso Gurtel. Obtuvo fuertes comisiones con facturaciones ilegales.

Los Consejeros Victoria y Figar se han beneficiado de actividades ilícitas para incrementar su prestigio personal.

Todos ellos han obtenido ingresos ilegítimos a costa del patrimonio público. Esperanza Aguirre los nombró, protegió y promocionó. Formaron parte de sus equipos de gobierno. A la Sra. Aguirre no le salieron ranas, ella era quien las criaba. Sus consejos de gobierno, mostraron con mucha frecuencia escaso interés por respetar el marco jurídico vigente de las administraciones, infringieron las leyes para su propio interés, mintieron, difamaron y encubrieron delitos, intentaron privatizar nuestro patrimonio para mejor esquilmarlo (González con el Canal, varios de los consejeros de Sanidad tenían intereses en empresas que iban a adquirir los hospitales) y permitieron el saqueo de las finanzas públicas en beneficio personal de alguno de sus componentes: En síntesis, la gestión de sus equipos ha supuesto perdidas de miles de millones de euros al erario de la región. Aunque democráticamente elegidos estos gobiernos no fueron una Democracia, sino una Cleptocracia. Esperemos que para las próximas elecciones, muchos votantes hayan comprendido para qué sirvió su voto.