El protocolo de comportamiento de toda policía política (aunque no se presente como política, ni como protocolo, lo que es irrelevante ante los hechos reales), incluye la tortura y las acusaciones falsas, previamente diseñadas, en las que los testigos suelen ser los propios policías. Y ya se sabe que, en este terreno y en muchos otros, el testimonio policial de cara a una judicatura fuertemente politizada y nada independiente, tiene siempre más valor que el de la ciudadanía de a pie.

Ambos aspectos, tortura y acusaciones falsas o no probadas con arreglo a derecho, pueden aparecer juntos o, según la “gravedad de los hechos” o la importancia de la disidencia del acusado, por separado.

El enjuiciamiento del joven republicano Jaume d´Urgell es aleccionador. Al ser detenido en público, las acusaciones no pudieron amañarse más allá de ciertos límites, ni adquirir la suficiente gravedad para que los jueces decretaran su prisión preventiva, con lo que la tortura no parecía prudente. Además, al no poder aplicarle la legislación anti-terrorista, tampoco la tortura habría tenido, caso de denunciarse, la aceptación política y social que en esos casos tiene. Así que el protocolo funcionó mediante la típica amalgama de acusaciones políticas y acusaciones falsas asimilables con delitos comunes. Sabia mixtura en cuya elaboración, la policía política (política de hecho, que es lo que vale, no de denominación) y la judicatura española son maestros cuando les interesa.

Los hechos que motivaron la detención de Urgell tuvieron lugar el 14 de mayo de 2007. Durante una manifestación contra la precariedad laboral y por una vivienda digna, el joven arrió la bandera monárquica (antes franquista) de un edificio público e izó la republicana, perfectamente legítima hasta que no se demuestre lo contrario y que no tiene el baldón de haber sido la enseña de la cuadrilla de asesinos que dominó España durante cuarenta años.

En el atestado policial, al parecer, figuran varias acusaciones falsas: haber organizado y dirigido la manifestación (absurdo), haber destruido mobiliario urbano (mentira: si algún mobiliario urbano se destruyó (¿) se hizo después de la detención) y haber insultado a la “autoridad”; mentira, pero si la “autoridad” – los policías - lo dice funciona el mecanismo citado de que los policías tiene más credibilidad que cualquier ciudadano y más si el ciudadano es un disidente, lo que es toda una muestra de represión política y de Estado policial.

La fiscalía, según informaciones, recoge la versión policial y acusa a Urgell de “injurias a España” (mantener la bandera franquista no es injuriar a España, ni mantener en la legalidad a grupos neo-nazis españolistas) y de “desórdenes públicos”, acusación en la que se amalgama el delito común con la intencionalidad política, para desacreditar cualquier acción disidente.

Pese a que las acusaciones no se sostengan más que desde el punto de vista de castigo a un acto de disensión política, mediante un atestado político y una magistratura política, la fiscalía del estado pide un año de prisión y 4.000 euros de multa. Si termina en la cárcel, Urgell será un preso político más de la monarquía. Un preso republicano.

LQSomos. Kevin Vázquez. Enero de 2008
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P.D. Para disfrazar el carácter político del proceso a J. Urgell (facilidades de la amplitud castigadora de las leyes y códigos monárquicos) la vista oral se realiza en el juzgado de lo penal, no en la Audiencia Nazional (nombre con el que se rebautizó durante la transición al Tribunal de Orden Público de la dictadura). Lo que resulta paradigmático de la politización general del actual sistema legal y represivo español.