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La Calle
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País Valenciá. Creación, fomento e implantación de un parque de viviendas de alquiler y de protección oficial Recordando: La falta visible de programas públicos locales y autonómicos destinados a la creación de un parque de viviendas de alquiler y de protección oficial, debe ser subsanada con la debida urgencia por los ayuntamientos, contando con la colaboración estrecha de la Generalitat Valenciana y el gobierno central. El primer paso para conocer la realidad, es crear un inventario detallado y actual de los pisos vacíos que existen en la ciudad de Valencia. Esta medida debe ser acometida por las autoridades locales, activándose medidas de castigo económico para aquellos propietarios que no pongan en venta o alquiler dichas viviendas . Evitar a toda costa la picaresca, la especulación desproporcionada y las actividades de usura son medidas que deben ser asumidas y desarrolladas urgentemente por las autoridades locales, autonómicas, provinciales, en estrecha colaboración y coordinación con el gobierno central y con las autoridades europeas. Según fuentes del Instituto Nacional de Estadística, en la ciudad de Valencia hay unas 66.000 viviendas vacías. No es lógico que se potencie, se respalde, se subvencione el sector inmobiliario, permitiéndose la destrucción del patrimonio natural (la huerta) en aras a potenciar un falso y fugaz desarrollo que única y exclusivamente alimenta al sector especulador y no consolida elementos de crecimiento estable y duradero para todos los ciudadanos y habitantes. El sector productivo ha desaparecido de Valencia, dando paso a los sectores financieros que juegan con el espejismo, con la burbuja de la especulación inmobiliaria como un factor mágico y supuestamente eterno de crecimiento, generador de bonanzas y bienestar crónicos. La administración pública -tanto local, autonómica como central-, tienen la obligación de controlar, regular, normalizar y marcar pautas rigurosas destinadas a evitar saturaciones y practicas especulativas, que rozan la legalidad, dado que los factores de crecimiento económico actualmente se basan en la mera especulación y en la total destrucción de industrias y actividades básicas que siempre han demostrado su eficacia y valor. Castigar con nuevos impuestos a todos aquellos que participen de manera impune en operaciones especulativas a gran escala, es un paso primordial y esencial que deben estudiar y aplicar nuestros gestores públicos con diligencia. Promover viviendas públicas de alquiler y controlar de manera rigurosa a todas las empresas y negocios inmobiliarios, es el primer paso para que España deje de ser el paraíso de los pelotazos, la desidia industrial y la corrupción permanente . Invitamos a las autoridades locales a incrementar el IBI en un 100% a los propietarios que mantengan sus pisos cerrados durante un periodo de 12 meses, así como promueven verdaderas Agencias de Alquiler y Ventas a precios asequibles al conjunto de ciudadanos. Igualmente consideramos esencial que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo controlen y vigilen, de manera estrecha y constante, a todas y cada una de las numerosas empresas inmobiliarias, entidades financieras…, dada la existencia de miles de denuncias y quejas sobre el mal funcionamiento y los irregulares y pésimos servicios que prestan a clientes y usuarios. Europa y las agencias policiales internacionales consideran que España es el mejor refugio que tiene la alta delincuencia para realizar todo tipo de actividades de blanqueo, siendo lamentable que más de medio millón de mujeres se dediquen a la prostitución bajo el control de ciertos grupos mafiosos internacionales. La administración públicas tiene el deber de controlar, supervisar y fijar los precios de tasación de las viviendas, realizando inspecciones y campañas policiales, fiscales, laborales serias y constantes para evitar el actual desprestigio económico, judicial y social que tiene España en Europa. Emprender acciones administrativas, políticas y policiales contra las mafias inmobiliarias y contra los grupos que utilizan los negocios del ladrillo para lavar dinero negro, es un deber ineludible. Tanto los ayuntamientos como el gobierno autonómico y central tienen la necesidad de coordinar esfuerzos y diseñar políticas activas para detener y terminar con el caos y desastre económico y financiero que tanta especulación y corrupción urbanística provocan en todos y cada uno de los sectores y áreas que conforman el tejido social, económico y laboral de España. Mientras no existan programas públicos integrales, que controlen y regulen el mercado inmobiliario, España seguirá siendo el paraíso principal de las mafias, de los delincuentes de todo tipo y de los reyes del pelotazo, condenando a la población anónima a una creciente e imparableprecariedad en todos los ámbitos. Invertir en desarrollo sostenible, potenciar el control y fiscalización de la actividad económica, productiva, educativa… es una labor que no pueda delegar y privatizar ningún gobierno legítimo y soberano. Los ciudadanos tenemos la obligación de exigir a nuestros representantes públicos que pongan los medios, que activen y reserven los recursos humanos, técnicos y económicos para acabar con el caos económico, inmobiliario, laboral, educativo, sanitario, de transporte… que padecemos en España. Rogamos que el Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana proceda a estudiar nuestra queja y sugerencia, invitando a las autoridades correspondientes para que valoren nuestras peticiones en aras a crear un inventario de viviendas vacías que deben ser ofrecidas en alquiler a precios asequibles, castigando económicamente a todos aquellos propietarios o empresas que se nieguen. Igualmente es básico que se potencien unidades de lucha contra la corrupción en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio del Interior, para iniciar campañas de inspección fiscal y laboral en las numerosas empresas inmobiliarias y financieras que se han creado últimamente, dado que muchas de ellas vulneran sistemática y conscientemente la legislación vigente. Otro tema vital, que debe estudiarse de forma detenida y sistemática, es la necesidad de incrementar los recursos técnicos y humanos, así como se elevan las partidas presupuestarias para luchar contra las causas de la pobreza y la marginación, dado el aumento de pobres y excluidos en los núcleos urbanos y rurales. Agradecemos el interés del Defensor del Pueblo Valenciano , rogando que se inviten a las autoridades locales, autonómicos y centrales (Ayuntamiento de Valencia, Generalitat Valenciana, Diputación Provincial...) para promover eficaces campañas y programas sistemáticos y coordinados, que permitan controlar y acabar con las altas dosis deespeculación desorbitada y obscena que padecemos los ciudadanos de a pie, así como se lucha policial y administrativamente contra las numerosas mafias internacionales que hacen su agosto gracias a la constatable y visible falta de control público en las actividades productivas. Benicalap – Valencia, a 11 de mayo de 2006 CERCLE OBERT DE BENICALAP INICIATIVAS SOCIALES Y CULTURALES DE FUTURO ATT: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS CARRERA DE SAN JERÓNIMO, S/N 28071M A D R I D.- CON COPIA A: EXCMO. SR. FISCAL GENERAL DEL ESTADO FORTUNY, 428071 MADRID.- Teléfono: 91.310.23.40- Fax: 91.319.07.12 SR. SÍNDIC DE GREUGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA.- C/. Pasqual Blasco, 1 - 03001 ALICANTE. Teléfono 900.21.09.70 -96.593.75.00 - Fax: 965.93.75.54MINISTERIO DE LA VIVIENDA MOLT HONORABLE SR. PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA.- EXCMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA.- HONORABLE SR. CONSELLER DE TERRITORIO Y VIVIENDA DE LA GENERALITAT VALENCIANA.-
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