Un acuerdo alcanzado entre Esperanza Aguirre y Rouco Varela, y que al parecer ha transcendido ahora, integra a los sacerdotes católicos, esto es al servicio de asistencia religiosa católica, en los comités médicos de los hospitales. Los comités médicos de ética de los centros hospitalarios habían estado formados, hasta ahora, exclusivamente por facultativos. El acuerdo fue firmado el pasado 2 de enero por el consejero de sanidad Juan José Güemes y el obispo auxiliar de Madrid, Fidel Herráez Vegas. De modo que los sacerdotes católicos podrán decidir ahora sobre la aplicación o no de cuidados paliativos, sobre el realizar o no un aborto en una violación, sobre el continuar o no con una nutrición y una respiración asistida a un enfermo terminal, etc. (Pueden leer la noticia aquí).

En mi opinión, este convenio -que no es algo nuevo en España y en sus Autonomías- es un grave ataque a la libertad de conciencia de cada individuo imponiendo de una determinada moral –en este caso la católica- a las personas que padecen una enfermedad terminal, determinando cómo deben ser los cuidados paliativos, a quién se le tienen que administrar, y cuando. En realidad es una elevación de esa moral, la católica, al rango de ley.

En realidad todas estas arbitrariedades que venimos arrastrando derivadas de leyes obsoletas heredadas del franquismo y del “Consenso” de los primeros tiempos de la Democracia, cómo son el Concordato con la Santa Sede entre otras disposiciones, son fruto de dos cosas: la primera, una normativa Constitucional ambigua que concede privilegios explícitos a la Iglesia Católica; y la segunda la poca determinación de los gobiernos democráticos sucesivos para abordar el tema, proponer leyes que lo aborden en dónde estas leyes deben aprobarse –en el Parlamento y no en el Vaticano- y solucionarlo de una vez por todas. Porque ¿se puede hablar de democracia cuando la moral de una determinada religión se elva por encima de la ley y del Parlamento, esto es por encima de la voluntad de la soberanía popular?
En el caso que nos ocupa, la presencia de un sacerdote “de la confesión mayoritaria” en los comités de ética asistencial –“CEAS”- cómo miembro del mismo, viene determinado por normas nacidas en los setenta en torno a la formación de estos comités que determinan, la inclusión de un sacerdote de la religión mayoritaria en los mismos, interpretando que es lícito el hacerlo en respuesta a los privilegios que la Constitución confiere a la Iglesia Católica, mayoritaria en nuestro país.

Esta ingerencia continuada de la religión católica en la vida de los ciudadanos, más allá de la confesión que tengan –o de la no confesión-, no puede permitirse por más tiempo, ya que convierten al Estado en confesional. Ningún credo, por muy mayoritario que sea en una sociedad, puede inmiscuirse en la vida, el dolor y la muerte de las personas, de todas las personas; ningún credo puede imponer su moral ni decidir lo que es ético o no para toda la población, y si lo hace, me parece una aberración abyecta e intolerable.

Y que conste que no estoy manifestándome sobre el hecho de que exista o no un servicio de asistencia religiosa –de todas las religiones- en los hospitales, lo cual me parece no sólo respetable sino constitucional, no; no hablo de eso. Hablo de que un representante religioso –sea de la religión que asea, en este caso católico- sea parte decisiva a la hora de imponer al enfermo terminal una determinada moral y una determinada pauta a seguir. Porque ningún representante religioso es nadie para determinar una cuestión que sólo importa o debería importar al interesado, cómo es el grado de dolor que quiere y puede tolerar, el tiempo que se quiere o no permanecer en vida, el grado de calidad de vida que uno determina deseable y tolerable para sí mismo, etc. Y en cuanto a los cuidados paliativos que un médico, según la legislación vigente, puede o no suministrar a un enfermo terminal, la decisión debería corresponder únicamente al paciente y al cuadro facultativo, sin ingerencia alguna de ninguna moral religiosa sea cual fuere, a no ser que el propio paciente y en su defecto, su familia, así lo elijan; pero nunca a un representante religioso por muy cura o rabino que sea.

Por mucho que ahora podamos escandalizarnos por este "nuevo" convenio de la Comunidad de Madrid con la Iglesia Católica, la raíz del problema es muy honda y está "ricamente" ramificada, ya que el problema no se reduce al ámbito hospitalario; el problema va mucho más lejos. Tenemos muchas muestras de los ámbitos en los que la Iglesia Católica, más o menos directamente, con mayor o menor libertad, determina e impone su moral -dónde en mi opinión no debería estar ni imponerla- cómo son el ámbito de la enseñanza, el ámbito de los funerales de Estado y el ámbito castrense. Y esto seguirá así mientras la norma constitucional sobre la confesionalidad o no del Estado y sus derivadas sigan siendo lo plurívocas y ambiguas que son. Y mientras tanto, seguiremos apresados todos –católicos y no- en las rejas que la Iglesia Católica Apostólica y Romana, determine, porque de Pedro son las “llaves del Cielo y del Infierno”.

LQSomos. Hannah. Abril de 2008
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