Abrazo al Uruguay - El manifiesto de Gualeguaychu

Así como en 1789 los diputados de la Asamblea francesa se reunieron y juraron no separarse hasta no dar a Francia una solución a la crisis, los ambientalistas argentinos y muchos uruguayos se reunieron sobre el puente General San Martín y, en un simbólico abrazo al Río Uruguay extensivo a nuestro vecino país, jurándose continuar en su defensa de la vida y de los derechos, y en una muestra mas de la participación en paz.

El puente estaba cubierto de un “mar” de banderas argentinas, banderas uruguayas, banderas federales artiguistas –la bandera de los Pueblos Libres -, banderas bonaerenses, todas unidas en una común manifestación del deseo de salvar al río y a las poblaciones del peligro de la contaminación presente y futura. (1)

Justamente a veinte años del desastre ocasionado por la imprevisión humana en Chernobyl, es bueno reflexionar sobre lo que, en nombre del progreso, el capital le hace al medio-ambiente; de lo que el afán de lucro, camuflado como “inversiones filantrópicas” y que cuentan con el declamado pseudo objetivo de generar puestos de trabajo, le puede llegar a ocasionar a las poblaciones –uno de cuyos emprendimientos contó con la bendición del sistema que los parió, pues desde Finlandia Botnia recibió, en una verdadera inversión de la carga de la prueba, el apoyo solidario del gobierno finés para el cual la empresa resulta la víctima de la voracidad del pueblo manifestándose en la ruta!!!…

Vale la pena también reflexionar sobre la curiosa conversión (¿ideológica?) del Dr. Tabaré Ramón Vázquez Rosas, quien, por su especialidad (médico oncólogo) no puede desconocer los efectos de los desechos industriales sobre la salud humana y el medio; quien, cuando era candidato “ Incluso aseguraba que su compromiso con la medicina es tal que no dejaría de atender pacientes si llegaba a la presidencia” (2) ; quien también –paradójicamente- ha luchado por los derechos humanos votando en contra de la ley de caducidad de diciembre de 1986, para evitar la impunidad a los militares vinculados a los delitos cometidos durante la dictadura militar de 1973 a 1985 en Uruguay; quien no puede desconocer los principios constitutivos del Frente Amplio dignamente conducido por el recordado Gral. Líber Seregni, que establece (Bases programáticas para la Unidad ):

“ Expresamos nuestro hondo convencimiento de que la construcción de una sociedad justa, con sentido nacional y progresista, liberada de la tutela imperial es imposible en los esquemas de un régimen dominado por el gran capital. La ruptura con este sistema es una condición ineludible de un proceso de cambio de sus caducas estructuras y de conquista de la efectiva independencia de la nación . Ello exigirá, a su tiempo, la modificación del ordenamiento jurídico-institucional, a efectos de facilitar las imprescindibles transformaciones que procura.

Concebimos este esfuerzo nacional como parte de la lucha por la liberación y desarrollo de los pueblos del Tercer Mundo en general, de la cual somos solidarios, y en particular, de la que tiene por escenario a nuestra América Latina, en donde, como hace más de un siglo y medio, la insurgencia de sus pueblos, habrá de desembocar en la conquista de la segunda y definitiva emancipación ” (3) . Al parecer, el aggiornamiento al que muchos se llamaron a cumplir, incluye un vuelco ideológico acorde con los neoliberales tiempos. Atrás queda la Bandera de los Pueblos Libres que defendiera José Gervasio Artigas. Lo que ayer ponía en primer plano la unidad Latinoamericana, hoy se ha trocado en un rechazo al MERCOSUR (alternativa de fuerza económica regional necesaria para las épocas de economías de bloque), y subordinación al capital que, en una innegable realidad, manda por encima de los gobiernos, cuando estos lo permiten.

Sobre el puente, y después de entonar ambos himnos que identifican, que dan identidad, a cada nación, el Himno Nacional Argentino y el Himno Nacional de la República de Uruguay, entonados o escuchados con gran respeto, se leyó la Declaración de San José de Gualeguaychú que, seguramente, mañana se complementará con la decisión de la Asamblea de Gualeguaychú.

La Declaración expresa:

Nos, los habitantes del pueblo de la nación en ejercicio de nuestros derechos y deberes de ciudadanos, en conocimiento del artículo 41 de la Constitución de la Nación Argentina (4) , reiteramos nuestro enérgico rechazo a la instalación de las empresas de pasta celulosa propiedad de Ence y Botnia, en el bajo río Uruguay, desatendiendo los graves efectos transfronterizos sobre la República Argentina.

Consideramos que la República Oriental del Uruguay violó el Estatuto del 26 de febrero de 1975 de defensa del medio ambiente y cuidado del Agua, incumpliendo la vigencia del mismo, afectan no sólo el derecho sino los derechos humanos, denunciado todo esto por esta Asamblea, dado que se realiza de manera inconsulta e ilegítima.

Sabemos que emprendimientos de este tipo son altamente contaminantes en todas partes del mundo, aun en aquellos países donde se tomen los controles más estrictos.

Solicitamos a los gobiernos que realicen proyectos que contemplen el desarrollo sustentable que respeto a la calidad de vida de las personas y el cumplimiento de las normas.

Reclamamos a la banca nacional e internacional y a los gobiernos cómplices de España y Finlandia que no financien estos emprendimientos si no cumplen con lo antes mencionado.

Reiteramos que luchamos por la vida, por la soberanía de los pueblos, por la defensa del agua, bien fundamental y patrimonio común, por una Latinoamérica libre de contaminación, para nosotros, para los que vendrán.

Sí a la vida

No a las papeleras. San José de Gualeguaychú, 30 de abril de 2006.

Así sea.

LQS. Mónica Oporto. Mayo 2006
Argentina.

(1) http://www.cronistadigital.com.ar/articulo.

(2) http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin

(3) http://www.quehacer.com.uy/Uruguay/frente_amplio/declaracion_constitutiva.htm (subrayado de la autora)

(4) Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.