En 1983, el Ministerio del Interior del Estado español acordó reiniciar una dura campaña de represalias contra ETA mediante incursiones en el sur de Francia. El objetivo era conseguir la colaboración del gobierno galo, trasladando el conflicto a sus fronteras. Se presuponía que los secuestros y asesinatos de exiliados vascos de la izquierda abertzale crearían una atmósfera de violencia, gracias a la cual la opinión pública francesa se mostraría partidaria de las extradiciones y no del derecho de asilo. Todo sugiere que Felipe González, presidente del gobierno, impulsó la idea, con el conocimiento del Jefe del Estado, Juan Carlos I, puntualmente informado por los servicios de Inteligencia del Estado (CESID). De hecho, el rey recibía siempre en primer lugar los informes clasificados como “Máximo Secreto”. Esos mismos papeles eran enviados a continuación a los altos mandos del Ejército y las Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía y Guardia Civil). Sería injusto no admitir que Felipe González se limitó a continuar con la “guerra sucia” de etapas anteriores o ignorar que Manuel Fraga, jefe de la oposición, manifestó su aprobación, después de ser consultado. Entre 1975 y 1982, el Batallón Vasco español cometió 40 asesinatos, cumpliendo órdenes del Servicio Central de Documentación (SEDEC). No es un dato irrelevante, sino la evidencia de que existió una incuestionable continuidad entre la dictadura y la democracia. En 1983, fecha de inicio de la actividad criminal de los GAL, Enrique Rodríguez Galindo era comandante de la Guardia Civil y el socialista José Julián Elgorriaga ocupaba el cargo de gobernador civil de Gipuzkoa. Ambos aceptaron participar en la “guerra sucia” contra el independentismo vasco, reclutando –entre otros- al capitán Ángel Vaquero, el cabo Enrique Dorado y el guardia Felipe Bayo. Rodríguez Galindo, que era el segundo Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, convertiría la casa cuartel de Intxaurrondo en su centro de operaciones, escogiendo el palacio de La Cumbre para ocultar a los militantes de ETA secuestrados ilegalmente en el País Vasco francés. El 15 de octubre de 1983, un comando integrado presuntamente por agentes de la Guardia Civil se dirigió a Bayona y, algo después de la medianoche, abordó a Joxean Lasa y a Joxi Zabala, que se hallaban en la calle Tonneliers, a punto de subir a un Renault 4. Después de reducirlos, se les introdujo en un coche y se les trasladó al palacio de La Cumbre, sorteando sin problemas los controles fronterizos. Lasa y Zabala habían nacido en 1963. Sólo tenían veinte años. Salvo sus secuestradores, nadie volvió a verlos con vida.

Lasa y Zabala pertenecían al comando Gorki de ETA militar. Habían participado en el atraco a la Caja Laboral Popular de la calle San Francisco de Tolosa. Su compañero Iñigo Alonso Uranga fue detenido, pero el resto logró huir, después de intercambiar disparos con la policía. Lasa y Zabala abandonaron sus domicilios y se refugiaron en Francia, estableciéndose en Baiona. Entraron en contacto con el Comité de Refugiados, solicitaron asilo político y permiso de residencia, que se les concedió de forma temporal. No sospechaban que la Guardia Civil (el GAL verde) les seguía los pasos, con la intención de secuestrarlos. Al día siguiente de su desaparición, Rodríguez Galindo informó a Julen Elgorriaga que habían caído dos peces medianos. Lasa y Zabala fueron brutalmente torturados por Enrique Dorado, Felipe Bayo y otros agentes sin identificar. Todos los testimonios señalan que Bayo, con un largo historial de corrupción y conductas violentas, se ensañó con los jóvenes, sometiéndoles a toda clase de iniquidades. El capitán Ángel Vaquero supervisó los interrogatorios, y Rodríguez Galindo y Elgorriaga visitaron a los secuestrados, protegiendo su identidad con una capucha. Se cree que las torturas quebraron la resistencia de Lasa y Zabala, que acabaron facilitando el paradero del militante de ETA Mikel Goikoetxea, al que habían ayudado a mudarse a Baiona. Esta hipótesis no parece inverosímil, pues Goikoetxea fue abatido de un disparo en la puerta de su domicilio dos meses después. Al finalizar los interrogatorios, Lasa y Zabala se hallaban moral y físicamente destrozados. Rodríguez Galindo y Elgorriaga decidieron que debían desaparecer, enterrados en cal viva. Se eligió la localidad de Foya de Coves, término municipal de Busot (Alicante). Dorado y Bayo se encargaron de ejecutar la orden. Atados, amordazados, con los ojos vendados y sedados con drogas, se condujo a los jóvenes secuestrados hasta un camino de tierra que partía de la carretera local A-182. Después de 15 kilómetros, se les obligó a bajar del automóvil y a caminar unos doscientos metros por una zona de monte. Algunas versiones afirman que se les forzó a cavar su propia fosa. Otras, aseguran que ya estaba excavada. Lasa recibió un tiro en la cabeza y Zabala, dos. Se cubrieron los cadáveres con tierra y 50 kilos de cal viva. Es imposible saber cuánto tiempo transcurrió entre el secuestro y el asesinato, pero algunas fuentes sostienen que se les mantuvo tres meses con vida, infligiéndoles toda clase de maltratos y vejaciones. En enero de 1984, una llamada telefónica reivindica los asesinatos en nombre del GAL, sin informar de su paradero. Años más tarde, se afirmó que el crimen había constituido una represalia por el secuestro y asesinato del capitán de farmacia Alberto Martín Barrios, cuyo cuerpo apareció con un tiro en la nuca en un monte cercano a Galdakao. ETA (pm) VIII Asamblea se atribuyó la acción, después de solicitar sin éxito la liberación de sus militantes juzgados en Lérida por el intento de robo de un polvorín. Aunque posteriormente cambió sus exigencias, limitándose a pedir la lectura de un comunicado en RTVE, el gobierno se negó a realizar ningún tipo de concesión, prefiriendo enviar al inspector Gutiérrez Argüelles y a tres miembros de los GEO a Baiona para secuestrar a José María Larretxea, dirigente de los polimilis. La intervención de la policía francesa malogró el plan y los agentes españoles acabaron detenidos y encarcelados en Pau. Muchos consideran que esta maniobra precipitó la decisión de matar al capitán Martín Barrios.

La desaparición de Lasa y Zabala no comenzaría a esclarecerse hasta el 22 de marzo de 1995, cuando Jesús García, inspector jefe de la unidad adscrita a la Policía Judicial de Alicante, relaciona los cadáveres hallados en Busot (Alicante) con los restos de los jóvenes militantes de ETA. Gracias a la dentadura, el prestigioso forense Francisco Exteberria establece que  los esqueletos momificados pertenecen a Joxean Lasa y Joxi Zabala. Después de realizar un examen minucioso, Etxeberria concluye que ambos sufrieron “una tortura con mucha sangre o con mucho daño, y muy brutal, y en el momento final, ante su estado, decidieron matarlos, porque se trataba de lesiones muy graves”. El caso saltó a los medios de comunicación y se procesó a los responsables. La Audiencia Nacional condenó a penas que oscilaban entre 67 y 71 años de cárcel al general Enrique Rodríguez Galindo, al ex gobernador civil de Gipuzkoa Julen Elgorriaga, al teniente coronel Ángel Vaquero y a los ex guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo. A pesar de la sentencia, ninguno permaneció demasiado tiempo en la cárcel. Elgorriaga fue excarcelado a los doce meses por problemas de salud. Galindo recuperó la libertad a los cinco años. Por supuesto, nadie se planteó aplicarles algo parecido a la doctrina Parot, prolongando su estancia en prisión. La inhumanidad de la justicia española se hizo particularmente odiosa durante la inhumación de Lasa y Zabala. La Ertzaintza cargó brutalmente contra sus familiares y amigos en el aeropuerto de Hondarribia y volvió a utilizar la fuerza en el cementerio de Tolosa, cuando los más allegados intentaron sacar los ataúdes de los coches fúnebres para rezar un responso. El juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren prohibió que se celebrara un funeral de cuerpo presente y ordenó que se sepultaran los restos de forma inmediata en una fosa común. La Ertzaintza disparó pelotas de goma y propinó golpes con sus porras y las culatas de sus escopetas. Al menos tres familiares resultaron heridos y cuatro cargos electos de Herri Batasuna –entre los que se hallaban Jon Idígoras y Rafa Díez Usabiaga- necesitaron atención médica.

Durante el juicio, el general Rodríguez Galindo negó tajantemente que en la casa cuartel de Intxaurrondo se torturara, con un cinismo verdaderamente insuperable. Sus palabras no soportaron el contraste con la realidad. Al igual que otros testigos de ese tiempo de infamia, Francisco Etxeberria ha comentado que en los años ochenta “el maltrato y la tortura eran la norma. Veníamos de donde veníamos, eran los mismos actores y era horroroso ir a la comandancia de la Guardia Civil, sobre todo en El Antiguo y en Intxaurrondo (Donostia). La forma como a uno mismo le trataban era increíble. Yo era el médico forense e iba allí porque me lo ordenaba el juez de guardia, que tenía legitimidad, y no me trataban ni siquiera de manera correcta, educada, sino siempre como en sospecha. […] En aquel tiempo el 100% de los detenidos eran maltratados por la Policía, aunque vinieran de la delincuencia común. Si detenían a un individuo, por ejemplo, por robar un radiocasete de un coche, también. […] Esa gente vivía con tal impunidad que se asombraban de que un juez pudiera pretender, ni se pudiera atrever, a interrumpir su trabajo”. Han transcurrido tres décadas, pero aún no existe un relato objetivo de los hechos y se continúa discriminando a las víctimas de la guerra sucia y de la represión policial. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) contribuye a mantener un clima de odio y crispación, sin escatimar los guiños a la extrema derecha. Es difícil olvidar la imagen de José Alcaraz, ex presidente de la AVT, estrechando la mano a Ricardo Sáenz de Ynestrillas. Los que se indignan con la excarcelación de militantes de ETA, no protestan cuando la justicia española protege a los torturadores del franquismo o tolera que muchas calles y avenidas aún lleven el nombre de políticos y generales de la dictadura. Esa asimetría es uno de los principales obstáculos para una paz real y duradera, donde se reconozca el dolor de todas las víctimas y el derecho del pueblo vasco a elegir libremente su futuro. Los atentados de ETA causaron mucho dolor, pero conviene recordar que la espiral de la violencia comenzó el 18 de julio de 1936, cuando un grupo de militares golpistas desencadenó una guerra que desembocó en un horrible genocidio. Aún hay 114.000 hombres y mujeres en fosas clandestinas, esperando una exhumación cada vez más improbable. Francisco Etxeberria, que ha participado en muchas exhumaciones, afirma que hoy en día sólo podría identificarse a un 20% de los desaparecidos, pues los restos se deterioran con el tiempo y los familiares ya han muerto o son muy ancianos. La asociación Jueces para la Democracia ha acusado al gobierno de Mariano Rajoy de adoptar una actitud que “está llevando no sólo a la impunidad de los delitos cometidos durante la dictadura, sino a que se queden materialmente sepultados en el olvido”. Los jueces señalan que España es “el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de personas víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados. […] No podemos compartir de ningún modo el discurso de que la recuperación de la memoria histórica suponga reabrir heridas. Resulta inadmisible que un Estado democrático siga negando a toda la sociedad el derecho a conocer el pasado y la necesidad de establecer un plan de administración programado, sistemático y financiado públicamente que permita con agilidad la localización y la sepultura digna de todas aquellas personas que fueron asesinadas con ocasión del golpe militar de 1936 y la posterior represión franquista”. El comunicado de Jueces para la Democracia confirma una vez más la excepcionalidad del caso español, el único estado europeo que aún tolera homenajes a una dictadura aliada con la Alemania nazi y la Italia fascista, sin mostrar ninguna preocupación por resolver el problema de los desaparecidos. La paz y la reconciliación no se harán realidad hasta que una Comisión de la Verdad ofrezca un relato objetivo de los crímenes del franquismo y se prohíba cualquier acto de exaltación o justificación de la dictadura.

La tortura y los asesinatos extrajudiciales no acabaron con la dictadura. La Fundación Euskal Memoria ha recogido 474 casos de personas que han perdido la vida entre 1960 y 2010 a consecuencia de la represión. Citaré algunos. El 13 de abril de 1981 Joseba Arregi es torturado en la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol. En los interrogatorios, participan más de 70 policías, que le propinan patadas, puñetazos, saltan sobre su pecho y le producen quemaduras en todo el cuerpo. Arregi, militante de ETA, muere en la cárcel de Carabanchel. Uno de sus torturadores, José Antonio Gil Rubiales, será nombrado comisario de Santa Cruz de Tenerife en 2005. El 25 de noviembre de 1985 Mikel Zabalza, conductor de autobuses y sin ninguna relación con ETA, es torturado hasta la muerte en el cuartel de Intxaurrondo. Al parecer, no resistió la tortura de la bañera. Se finge que ha muerto ahogado al arrojarse al Bidasoa, mientras huía esposado. El 24 de septiembre de 1993 Miren Gurutze Yanci, presunta activista de ETA, muere en el cuartel de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid). Todo indica que sufre un paro cardíaco durante los interrogatorios. Se oculta el crimen, afirmando que ha muerto de una bronconeumonía aguda. Ese mismo día, el miembro liberado de ETA Xabier Galparsoro es arrojado por una ventana de la comisaría de Indautxu en Bilbo. Se puede prolongar la lista hasta el tedio. La tortura no es un recuerdo de un pasado reciente, sino un hecho tristemente actual. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura considera “creíbles y consistentes” los testimonios de diez supuestos activistas de ETA detenidos en 2011, destacando el caso de Beatriz Etxebarria, que denuncia haber sido violada anal y vaginalmente en la Dirección General de la Guardia Civil de Madrid.

Es necesario conocer estos hechos para adentrarse en el conflicto vasco con un mínimo de objetividad. ETA no surge en el contexto de democracia y libertad. Desgraciadamente, la Transición no significa la liquidación del franquismo. De hecho, Manuel Fraga Iribarne es uno de los padres de la Constitución de 1978. No se puede hablar de normalización democrática, cuando no se lleva a cabo ninguna clase de depuración en las Fuerzas de Seguridad del Estado y el Ejército y se impone la Monarquía como forma del Estado. Los generales que continuaban en la cúpula del poder militar en los años de plomo eran antiguos golpistas, orgullosos de su participación en la sublevación de 1936 y, en algunos casos, de su papel como voluntarios de la División Azul. Los políticos que ocupaban la primera línea de la vida política también procedían de la dictadura: Fraga, Martín Villa, Suárez. Por último, las oligarquías financieras y empresariales permanecían inamovibles, con sus intereses perfectamente asegurados. Sólo en ese contexto puede entenderse la estrategia militar de ETA, lo cual no significa aplaudir sus acciones. De hecho, Arnaldo Otegi ha realizado un análisis retrospectivo y ha concluido que siempre es preferible emplear “las vías de lucha pacífica y desobediente, tanto por cuestiones éticas como políticas”, pues –como afirmaba José Miguel Beñarán Ordeñana, Argala- “la violencia nos hace daño en términos humanos”. Eso no significa condenar toda la trayectoria de ETA, pues “ETA nace en plena dictadura […] y supuso un revulsivo en la recuperación del orgullo y la conciencia nacional de un pueblo humillado y derrotado”. ETA se inspiró en los movimientos de liberación nacional de Argelia, la República Democrática de  Congo (antiguo Zaire) y la Revolución Cubana. Su identificación con el marxismo le permitió incorporar al anhelo de independencia “la perspectiva social de clase”, transformando al pueblo trabajador vasco en el centro de su lucha revolucionaria. Las acciones de ETA contribuyeron a erosionar el franquismo. Con el tiempo, se ha minimizado la importancia del atentado contra Carrero Blanco, pero incluso Juan Luis Cebrián, antiguo director del diario El País, ha admitido que “los magnicidas habían cumplido con un destino histórico y su acción había liquidado cualquier posibilidad de continuismo franquista. […] El comando Txikia, un grupo de hombres jóvenes que jamás serían juzgados por su acción, había vuelto del revés el futuro político de España” (Memoria de la Transición. Del asesinato de Carrero a la integración en Europa, 1995). Coincido con Otegi en que siempre es más deseable la lucha pacífica y desobediente que la lucha armada, si bien la violencia es la única alternativa posible cuando no existen vías democráticas para el diálogo y el cambio social. En el caso de Euskal Herria, creo que la izquierda abertzale debe profundizar en el proceso de paz, apostando por la construcción de una amplia mayoría social, pese a que el Estado español persista en su política represiva. El ciclo de la lucha armada está agotado y ya no representa una alternativa ética ni realista.

Tal vez la mejor forma de honrar la memoria de Lasa y Zabala es dar la palabra a sus hermanas, cuya entereza y dignidad deberían servir de ejemplo a los que lamentan la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, anulando la “doctrina Parot”. Axun Lasa y Pili Zabala no se sienten identificadas con el término genérico de “víctimas”, pues se aplica de forma excluyente, señalando tan sólo al colectivo de víctimas de la violencia de ETA. Ambas piden que se reconozca del dolor de todas las víctimas y se relate toda la verdad para que la tragedia vivida no se repita jamás. “La verdad –sostiene Axun Lasa- es absolutamente necesaria para una reconciliación, para llegar a una convivencia tranquila”. ETA debe reconocer el dolor causado. Ese gesto de autocrítica es más importante que una humillante petición de perdón, sin una reacción recíproca del Estado español. Es importante “darse cuenta de qué caminos son los que hay que rechazar, los que no tenemos que volver a repetir”, sostiene Pili Zabala. Axun Lasa no espera que le pidan perdón, sino que se imponga “la verdad, la justicia y el reconocimiento. […] Yo creo que el reconocimiento del daño causado es lo que nos hace humanos y más grandes a cada uno. Puede hacer un bien a Euskal Herria, a la sociedad”. En la entrevista concedida al periódico Gara en noviembre de 2011, poco después de anunciar el fin de la lucha armada, ETA no eludió su responsabilidad: “La confrontación armada de las últimas décadas ha causado mucho sufrimiento, sin duda. También las acciones de ETA. No somos insensibles. Hemos conocido el sufrimiento en nuestras propias carnes. Sabemos lo que es perder compañeros de lucha, qué es el dolor, qué supone no tener al lado a los seres queridos. Pero no podemos estar de acuerdo con esa lectura que pretende hacer olvidar las claves del conflicto. No podemos estar de acuerdo con ese propósito de condenar la lucha por la libertad. No podemos estar de acuerdo con esa única realidad que pretenden presentarnos, y tampoco con esa actitud fascista y la sed de venganza que se está alimentando en los últimos años en España”. En febrero de 2013, Mikel Garikoitz Aspiazu, Txeroki, leyó un comunicado ante el tribunal francés que lo juzgaba: “Durante muchos años hemos luchado en el campo de batalla. Demasiado tiempo, demasiado sufrimiento. Demos entonces una oportunidad al diálogo. Llevemos el conflicto a la mesa de la negociación. […] Como dijo Van Rompuy en Oslo: Acabemos con el ciclo de la violencia, pongamos de lado la lógica de la venganza política. […] Sembremos el grano de una paz justa y duradera. Este es el compromiso de ETA”. No recuerdo ninguna declaración semejante del Estado español, pidiendo disculpas por las torturas y las ejecuciones extrajudiciales. La muerte de Lasa y Zabala –inútil, cruel, injustificable- debería servir para que el conflicto vasco se resolviera definitivamente. El derecho de autodeterminación no es un capricho, sino un derecho elemental y democrático. Que el pueblo tenga la última palabra y que la verdad histórica, libre de mentiras y deformaciones, nos permita reflexionar con serenidad para construir un porvenir sin pueblos agraviados ni jóvenes torturados y asesinados.

* Into The Wild Union

http://www.loquesomos.org/wp-content/uploads/2013/10/memo230.jpghttp://www.loquesomos.org/wp-content/uploads/2013/10/memo230-300x300.jpgJazzHistoria (s)Lasa y ZabalaEn 1983, el Ministerio del Interior del Estado español acordó reiniciar una dura campaña de represalias contra ETA mediante incursiones en el sur de Francia. El objetivo era conseguir la colaboración del gobierno galo, trasladando el conflicto a sus fronteras. Se presuponía que los secuestros y asesinatos de exiliados...Cultura Libre, Comunicación Libre